Debido a los actos ilícitos de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich por desvío de recursos, peculado y ejercicio indebido de funciones y atribuciones, se le aplicará la pena máxima de 16 años de prisión e inhabilitará por 50 años, en caso de ser aprobado el juicio político, el cual es una de las instituciones contenidas en el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuya finalidad básica se presenta en una doble vertiente: La primera, asegurar que en el desarrollo de sus funciones ciertos servidores públicos de alta jerarquía se apeguen al orden jurídico que los rige; y otra, dar vigencia al sistema democrático instaurado por el Constituyente Federal, creando un procedimiento que permita remover, e incluso inhabilitar, a cualquiera de aquellos servidores públicos que no cumplan debidamente su encargo, a través de un mecanismo que garantice que sean los propios representantes del pueblo, escuchando en defensa al interesado, quienes apliquen o no las consecuencias de este procedimiento.
De igual manera, debe tomarse en cuenta con base al artículo 9o LFRSP que el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
El costo de la corrupción es más grande que la simple desviación de recursos de su propósito legítimo puesto que la corrupción corroe el tejido social, debilita el Estado de Derecho, socaba la confianza en el gobierno, erosiona la calidad de vida de las personas y crea un entorno propicio para que proliferen el crimen organizado, el terrorismo y el extremismo violento.
Con base en lo anterior es importante que se lleve acabo el juicio político con el fin de erradicar la corrupción y ejercer una cultura de la legalidad.
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